Ayer — en el día 1 — la nueva administración de Biden firmó una orden ejecutiva para extender la moratoria federal deficiente de Trump. Como inquilines y defensores de vivienda a través de la nación, estamos profundamente preocupades. Millones de inquilines ya estaban lidiando con el peso de la crisis de vivienda desde antes que surgiera la pandemia — sobreviviendo la administración de Trump y décadas de supremacía blanca y violencia capitalista. Nuestros barrios han dejado de ser lugares donde amamos, nos sanamos, crecemos, aprendemos, jugamos, descansamos y soñamos para convertirse en lugares donde las corporaciones y los bancos se lucran y les alguaciles desalojan a nuestras familias.
Desde que se introdujo este otoño, les miembros de la Alianza Derecho a la Ciudad a nivel nacional han hecho claro que la moratoria de desalojos federal de Trump es intencionalmente floja, dejando a millones de inquilines sin protección. Les arrendadores han estado explotando las brechas para continuar desalojando. La moratoria no es clara y es defectuosa y se escribió en lenguaje tan ambiguo que algunos estados simplemente la han ignorado. Cientos de miles de radicaciones de desahucios se han llevado a cabo bajo esta supuesta moratoria de desalojos — no es una política que aborda las crisis económica, de vivienda y de salud a las que nos enfrentamos.
Ya basta. No es satisfactorio que el Presidente Joe Biden y la nueva directora del CDC Rochelle Walensky escogieran extender la misma política fallida por solo un par de meses sin antes asegurar la estabilidad de vivienda y salud reforzando la moratoria y removiendo las brechas incluyendo:
Les inquilines están cansades de estar al borde del desahucio mes tras mes. Necesitamos la seguridad de saber que en esta economía en deterioro, se van a ocupar de nosotres.
Nuestro día nacional de acción La Vivienda es la Cura la semana pasada ilustró las reclamaciones de residentes por todo el país haciendo un llamado por una moratoria de desalojos con menos brechas, sin acumulación de deudas y con condiciones de vivienda adecuadas que creen condiciones más seguras bajo el COVID-19. Es hora de que la nueva administración de Biden tome una posición clara sobre cómo piensa abordar la crisis de desalojos actual — y dirigirse a los derechos de vivienda como el asunto de salud pública que son.
Les miembros de la Alianza Derecho a la Ciudad saben que nos corresponde a nosotres mantenernos segures y a salvo, nos corresponde a nosotres proteger nuestras comunidades. Vamos a continuar resistiendo políticas que no nos protejan. Los desahucios y las deportaciones no son soluciones ni deben ser opciones. La vivienda es nuestro derecho. Todes nos merecemos vivienda sostenible y segura. Y necesitamos políticas de vivienda que apoyen a nuestras comunidades a sobrevivir — y prosperar.
Vamos a levantarnos en esta lucha con todo lo que tenemos porque nuestras vidas dependen de ello.
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